El 35 por ciento de las tierras están saneadas y tituladas

En los últimos cuatro años de gobierno de Evo Morales se saneó XX millones de hectáreas que sumados a los XX millones de gestiones pasadas, no superan el 35% del total de tierras sujeto a saneamiento, afirma el Informe 2009 de la Fundación TIERRA “Configurando territorios”.

Según un boletín de esa fundación, “en un poco más de 13 años de vigencia de la Ley INRA, ésta permitió que de cada 100 hectáreas de tierra, 22 hectáreas hayan sido saneadas o tituladas, 9 hectáreas han sido identificadas como tierras fiscales no disponibles, 3 están disponibles para su distribución. De las 22 hectáreas tituladas a favor del sector rural, agropecuario e indígena, 65% son Tierras Comunitarias de Origen, es decir 14 de las 22 hectáreas”.

El informe considera que, si bien los resultados hasta ahora obtenidos son relevantes, aún queda mucho por hacer. El mismo programa del MAS para las elecciones de diciembre de 2009 reconoció que queda pendiente para este periodo de gobierno la eliminación total del latifundio, la reversión de tierras y la recuperación de tierras fiscales para su redistribución a comunidades indígena originaria campesinas.

Según el documento, el saneamiento requerirá de mayores recursos y esfuerzos en adelante “considerando que lo que resta en el saneamiento, ese 52,1% de la superficie nacional sin sanear aún, se encuentra en áreas caracterizadas por un lado por relaciones latifundiarias en el caso del Beni y Santa Cruz y zonas de un minifundio excesivo y con mucha población en el caso de los valles y altiplano de los departamentos de Oruro, La Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca”.

“Para esto será necesario plantear otra estrategia estatal de intervención en el tema tierras, mediante una articulación directa entre organizaciones comunales y los INRA Departamentales, los cuales deben estar bien financiados y fortalecidos con equipos humanos y técnicos suficientes”, afirma la Fundación Tierra.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.