Los gobernadores no tienen otra salida que pactar para adecuar los estatutos

(ABI).- "No hay otra salida", los gobernadores de la oposición deben pactar con los representantes departamentales del oficialismo y adecuar los estatutos autonómicos que elaboraron sin plena participación social, dijo el miércoles el ministro de Autonomías, Carlos Romero.

Tras la acostumbrada reunión semanal de los ministros de Estado en el Palacio de Gobierno, la autoridad advirtió que "hay contradicciones de contenido" entre los estatutos de Santa Cruz, Beni y Tarija, aprobados en 2008, y la Constitución vigente, de corte socialista comunitaria, vigente desde febrero de 2009.

"No adecuarse sería postergar su puesta en vigencia y, de alguna manera, entrabar el funcionamiento de las autonomías, porque los estatutos son necesarios para su implementación", sostuvo.

Según Romero, los puntos de incompatibilidad de esos documentos con la Carta Magna, comprenden, básicamente, cuatro ejes temáticos: el sistema político de esos estatutos es "liberal" y no coincide con "la combinación de lo liberal y lo originario" que hace la CPE.

Asimismo, restringen derechos declarados constitucionalmente, arrogan competencias que, en muchos casos, son del nivel central del Estado y, en otros, el modelo de desarrollo regional se sobrepone a los intereses nacionales.

Además, Romero subrayó que los estatutos de Santa Cruz, Beni y Tarija fueron elaborados por un sector focal de esos departamentos y no incluyeron a todos los actores sociales populares.

"Lo interesante es que, en ningún departamento, ni el oficialismo ni la oposición reúne dos tercios de votos. Entonces eso obliga, necesariamente, a un acuerdo político que debe traducir un pacto autonómico", argumentó.

De acuerdo con las leyes, los estatutos autonómicos deben ser aprobados en las asambleas legislativas departamentales por 2/3 de los votos de sus miembros y, luego, pasar por el control del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), antes de entrar en vigencia.

"No hay plazos jurídicos", sentenció Romero, pero el TCP entrará en funcionamiento a principios del próximo año y, para entonces, "ya deberíamos tener de esas propuesta de estatutos adecuados para su revisión".

El novísimo régimen de autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas en Bolivia, transfiere, desde poder central a las regiones bolivianas, competencias en materia de salud, transporte, obras públicas, infraestructura, vivienda, hábitat, medio ambiente, ordenamiento territorial y planificación, entre otras.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.