Todavía no ha terminado el fango petrolífero que está inundando el golfo de México, que el Presidente de los EE. UU. Barack Obama se encuentra en otro fango. Se trata de los 92.000 documentos publicados en un web australiano y contemporáneamente en tres de los más importantes diarios del mundo sobre la guerra “sucia” en Afghanistán. A las críticas de la Casa Blanca responde con semplicidad el New York Times, uno de los más prestigiosos diarios americanos y que ha demostrado siempre una gran simpatía por el presidente Obama: “Hemos publicado lo que creemos sea interesante para los ciudadanos americanos”.
Es periodista boliviano. Actualmente vive y trabaja en Italia como corresponsal de medios de comunicación latinoamericanos. Desde 1975 es miembro de la Asociación de Prensa Internacional en Italia. En 1995 fue ganador del XXI Premio Internacional "DANTE ALIGHIERI" en Artes, Letras y Comunicación Social en la sección Periodismo.

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Este nuevo escándalo que es llamado “kabulgate” se refiere a acontecimientos que han sucedido entre los años 2004-2008 y naturalmente la administración de Obama tiene poca responsabilidad o una responsabilidad limitada. Sólamente es muy difícil que esta cuestión, que tiene un enorme valor, pueda apaciguar todos los que han creído en la promesa electoral de terminar definitivamente con la aventura afghana que hasta hoy ha costado a los ciudadanos de los Estados Unidos más de 300 mil millones de dólares y la muerte de más de mil soldados.
Las revelaciones hechas por la prensa, sobre documentos recuperados en una página web australiana, confirma lo que analistas y observadores políticos han siempre afirmado y denunciado. Se ha constatado la ayuda que la “intellligence” pakistana ha dado y dá a los talibanes e inclusive y directamente a Bin Laden, puesto que se supone se esconda gracias a los servicios secretos de Islamabad. Sobre esta noticia podrán indignarse gobiernos y opinión pública de medio mundo, solamente que este anuncio ha sido revelado varias veces sin que la Casa Blanca haya reaccionado de manera adecuada. También se sabe que el regimen de Teheran proporcona armas modernas y ayuda logística a los insurgentes.
Ahora se tiene conocimiento de que los talibanes poseen cohetes tierra-aire, tampoco esto es una novedad porque que estos mísiles fueron donados por los EE. UU. al ejército afghano durante la guerra contra la Unión Soviética.
Se ha llegado a saber también, y este era un secreto, que los “drone” o aviones sin piloto que en Afghanistán e Iraq han masacrado a miles de civiles, son telecomandados desde una base situada en el estado de Nevada (USA) y este hecho no ha hecho ha fortalecido la ira de la población por los miles de civiles asesinados y que alimentan el odio hacia los militares del ISAF (International Security Assistence Force) criticados por sus innumerables errores. En los documentos se habla de matanzas voluntarias de civiles, incursiones en pueblos indefensos, de arrestos inmotivados y de torturas. Será difícil a este punto poder recuperar el respeto de los afghanos hacia los soldados del ISAF.
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Nueva York por encima de la ley
(Prensa Latina).- La Habana, (PL) La posible construcción de un centro comunitario islámico a varias cuadras de donde se encontraban las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York ha causado un controvertido revuelo. Este es un año de elecciones parciales para el Congreso que se renueva en noviembre por lo que lideres políticos de diversas tendencias se enfrentan con vistas a obtener alguna ganancia del polémico tema, señala la revista Horizontes.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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