A pesar de las denuncias y el prolongado desgaste de sus fuerzas en Afganistán, el Congreso acaba de aprobar el presupuesto solicitado por Obama para luchar contra el terrorismo islámico y a favor de la industria bélica. Las graves denuncias que se filtraron en Internet –en el sitio WikiLeaks− sobre delitos de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas estadounidenses y sus aliadas, lo tienen a Obama preocupado. Más por advertirle a la prensa vía email que no consideren objetivos los 92 mil informes que revelan delitos y graves hechos cometidos en el territorio del país asiático, que abocado a dirimir la disyuntiva en la que se encuentra su gobierno tras una década guerrerista signada por graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas contra la población civil afgana.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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